No 1982

Lucio Gutiérrez Borbúa

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

Considerando:

Que la Constitución Política de la República determina en su artículo 17 que el Estado garantizará a todos sus habitantes, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio y el goce de los derechos humanos establecidos en la Carta Magna;

Que de conformidad con el artículo 23 de la Constitución Política de la República, el Estado reconocerá y garantizará a las personas, la integridad personal, para lo cual adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar, en especial la violencia contra los niños, adolescentes, las mujeres y personas de la tercera edad;

Que mediante Ley No 103, publicada en el Registro Oficial No 839 del 11 de diciembre de 1995, se expidió la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia;

Que por ser la Ley 103 contra la violencia a la mujer y la familia una ley especial y sui géneris, es necesario expedir un reglamento que facilite su ejecución y aplicación; y,

En ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 171, numeral 5 de la Constitución Política de la República,

Decreta:

Expedir el

"REGLAMENTO GENERAL A LA LEY CONTRA

LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA".

TITULO I

GENERALIDADES Y DEFINICIONES

Art. 1.- Objeto.- El presente reglamento tiene como finalidad establecer las normas y procedimientos generales aplicables a la protección de la integridad física, psíquica y la libertad sexual de la mujer y los miembros de la familia; a través de la prevención y la sanción de la violencia intrafamiliar y los demás atentados contra sus derechos y los de su familia.

Art. 2.- Ámbito.- Este reglamento establece los procedimientos para la aplicación de la ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia y sus prescripciones son de cumplimiento obligatorio para los miembros del núcleo familiar, Ias normas, procedimientos y protección se harán extensivos a los ex cónyuges, convivientes, a las personas con quienes se mantenga o se haya mantenido una relación consensual de pareja y a quienes comparten el hogar del agresor o del agredido.

Art. 3.- Violencia intrafamiliar.- Constituye toda acción u omisión que consista en maltrato físico, psicológico o sexual, ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar.

Art. 4.- Núcleo familiar.- Conforman el núcleo familiar los cónyuges o convivientes sus padres y más ascendientes, a sus hijos y más descendientes, sus hermanos e hijos de éstos \ sus parientes hasta el segundo grado de afinidad.

Art. 5.- Relación consensual de pareja.- A más de la convivencia por matrimonio o unión de hecho, aquellas, exentas o no de relaciones sexuales, como la de enamorados o novios, aún cuando éstas hayan sido esporádicas o de con duración.

Art. 6.- Personas que comparten el hogar del agresor o del agredido.- Son quienes: a) Mantienen una relación de dependencia laboral de trabajo doméstico; y,

b) Quienes sin ser parientes comparten el hogar común, bien sea a través de un pago mensual o en forma gratuita. Art. 7.- Violencia física.- Para los efectos de este reglamento, se considera sufrimiento físico: a) Todo acto, de fuerza que cause daños, dolor en la persona agredida, cualquiera que sea el medio empleado y sus consecuencias, sin considerarse el tiempo que se requiera para su recuperación; b) Las heridas o golpes que causen enfermedad o incapacidad para el trabajo personal que no pase de tres días; y, c) Los maltratos que reciban domésticos o sirvientes.

Art. 8.- Violencia psicológica.- Se entenderá por violencia psicológica:

a) Toda acción u omisión que cause daño, dolor, perturbación emocional, alteración psicológica o disminución de la autoestima;

b) La intimidación o amenaza mediante la utilización de apremio moral que infunda miedo o temor a sufrir un mal grave e inminente;

c) Las noticias o rumores falsos contra la honra y dignidad de las personas o de las familias, o sobre la vida íntima de éstas;

d) Las injurias no calumniosas leves; y,

e) Las palabras, gestos, acciones, etc., en el caso de que el hecho constituya infracción.

Art. 9.- Violencia sexual.- Se entenderá por violencia sexual:

a) Todo maltrato que constituya imposición en el ejercicio de la sexualidad de una persona mediante el uso de la fuerza física, intimidación, amenazas u otro medio coercitivo;

b) Obligar a tener relaciones u otras prácticas sexuales con el agresor o con terceros, mediante el uso de fuerza física, intimidación, amenazas o cualquier otro medio coercitivo; y,

c) Prohibir el uso de métodos de planificación familiar y/o preventivo de enfermedades de transmisión sexual.

Art. 10.- Procedimientos.- Para los casos de violencia psicológica y/o sexual que no presenten violencia física, o no estén contemplados en el Código Penal, se aplicará el procedimiento especial establecido en los Arts. 18 y siguientes de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia. Cuando se tratare de contravenciones que atenten contra la propiedad: la honra de las personas o causen lesiones que no excedan de tres días de enfermedad o de incapacidad para el trabajo personal se aplicará el procedimiento para el 'juzgamiento de las contravenciones establecidos en el Código de Procedimiento Penal. Art. 11.- Transacción.- No se podrá conciliar, transar, ni someter a mediación o arbitraje tos hechos de violencia intrafamiliar, excepto y a petición de parte, lo referente a situaciones colaterales que se deriven de los casos de violencia, como: derechos patrimoniales y la situación de los hijos. El acuerdo transaccional sobre derechos patrimoniales y la situación de los hijos/as, se hará constar en acta que será firmada por el Juez, las partes y el Secretario. Art. 12.- Fuero.- En los casos de violencia física, psicológica y sexual no se reconoce fuero especial.

Art. 13.- Irrenunciabilidad.- Los derechos que consagra la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia son irrenunciables.

Art. 14.- Instrumentos internacionales.- Para la prevención y sanción de la violencia contra de la mujer y la familia, tendrán fuerza de ley los instrumentos internacionales firmados y ratificados por el Ecuador, tales como: Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención Belén do Para); Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW);Protocolo Facultativo de la CEDAW; Declaración y Programa de Acción de Viena; Convención de los Derechos del Niño; y, todos los demás que se llegaren a ratificar sobre el tema.

Art. 15.- Acceso a información.- Para la aplicación de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, las partes tendrán derecho a acceder a los documentos, bancos de datos e informes sociales, psicológicos o técnicos que sobre sí misma, o sobre sus bienes, consten en el proceso, así como a conocer el uso que se haga de ellos y su propósito. Los trámites previstos en este reglamento se regirán por los principios de gratuidad, inmediación obligatoria, celeridad y reserva, contemplados en el Art. 7 de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia.

Art. 16.- Defensores públicos.- En aquellos casos en que una de las partes no tuviera defensor, la autoridad competente deberá de oficio pedir la intervención de un defensor público. Podrá también solicitar un abogado a la Defensoría del Pueblo, al Colegio de Abogados, a una ONG o cualquier institución pública o privada dedicada a la defensa de los derechos de las mujeres, de los niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad y de la tercera edad, que pueda prestar sus servicios, para garantizar la equidad procesal. Las víctimas de violencia doméstica recibirán atención prioritaria, preferente y especializada en los ámbitos público y privado.

Art. 17.- Los que deben denunciar.- De conformidad con el artículo 10 de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, los responsables de denunciar los actos de violencia intrafamiliar deberán realizarlo de la siguiente manera: a) Los agentes de la Policía Nacional presentarán el respectivo parte ante la Fiscalía o la Comisaría; b) Los fiscales actuarán conforme al Código de Procedimiento Penal; y, c) Los profesionales de la salud, enviarán a la autoridad competente copia del registro de atención, debidamente firmada por el profesional de salud que le atendió.

TITULO II

CAPITULO I

MEDIDAS DE AMPARO

Art. 18.- Las medidas de amparo en favor de la parte agredida, son preventivas para proteger y evitar nuevos actos de violencia, por tanto serán de aplicación inmediata y serán dictadas por los comisarios(as); intendentes o jueces de Derecho;

Art. 19.- Reforma o revocatoria.- Las medidas de amparo subsistirán hasta que la autoridad que se encuentre conociendo la causa expresamente las revoque. La reforma b revocatoria de las medidas de amparo se la hará en el caso de existir elementos probatorios que determinen su necesidad.

Art. 20.- Salida del agresor de la vivienda.- Cuando las medidas de amparo dispongan la salida del agresor de la vivienda común, se impedirá que éste retire los enseres de uso de la familia, permitiéndole llevar sólo sus efectos personales y los instrumentos y/o herramientas de trabajo. Estas medidas se ejecutarán a través de los agentes de la Policía Nacional. En aquellas circunstancias en que los instrumentos y/o herramientas de trabajo sean utilizadas en forma conjunta o alternada por el agresor y la víctima p alguno de sus hijos/as pertenecientes al hogar común, se facultará al agresor el acceso, si demuestra dentro del término de seis días, que es su único medio de trabajo, lo que se tramitará como incidente en el mismo proceso. La autoridad evaluará la prueba y en caso de estimarlo pertinente establecerá un horario de trabajo tanto para el agresor como para la víctima o alguno de sus hijos/as. Se procurará la conciliación en este tema.

Art. 21.- Situación de los niños/as y adolescentes.- Una vez dispuestas las medidas de amparo, por las autoridades competentes en materia de violencia intrafamiliar, y tratándose de la situación de los niños/as y adolescentes, éstas procederán de inmediato a remitir lo actuado al Juzgado de la Niñez y la Adolescencia, con copia a la Junta Cantonal de Protección de Derechos en los lugares donde se encuentren ya conformadas.

Art. 22.- Allanamiento.- El allanamiento es una medida de protección que se la utilizará en los casos determinados en las leyes. En esta diligencia, la participación de la autoridad es indelegable; quien debe ir acompañada de la Policía, no pudiendo ingresar al lugar allanado otras personas que no sean las autorizadas. Se podrá ordenar el allanamiento mediante oficio y sin necesidad de providencia en los siguientes casos: a) Cuando deba recuperarse a la agredida o sus familiares y el/la agresor/a los mantenga intimidados; y, b) Para sacar al agresor/a de la vivienda, cuando éste/a se encuentre armado/a, o bajo los efectos del alcohol, de sustancias estupefacientes o drogas psicotrópicas, y esté agrediendo a la mujer o poniendo en riesgo la integridad física, psicológica o sexual de la familia de la víctima.

Art. 23.- Quebrantamiento de puertas o cerraduras.- Si presentada la orden de allanamiento el agresor se resistiere a la entrega de la persona agredida o sus familiares, se procederá al quebrantamiento de puertas o cerraduras. Para esta diligencia se deberá contar con la presencia del dueño o del actual habitante de la vivienda, o, a su falta, de dos vecinos del lugar en calidad de testigos.

Art. 24.- Colaboración de la Policía Nacional.- Todo agente de la Fuerza Pública está obligado a ejecutar las medidas de amparo, dispensar auxilio, proteger y transportar a la mujer y más víctimas de la violencia intrafamiliar así como a elaborar el parte informativo. En cuso de incumplimiento se pondrá en conocimiento del comandante de Distrito para la aplicación de las normas disciplinarias correspondientes. La Policía presentará los informes en el término de 48 horas tratándose de contravenciones y en el caso de los delitos flagrantes se pondrá al agresor a órdenes del Juez competente dentro de las 24 horas posteriores.

Art. 25.- Infracción flagrante.- Si una persona es sorprendida ejerciendo cualquiera de los tipos de violencia previstos en este reglamento será aprehendida por los agentes del orden y conducida de inmediato ante la autoridad competente para su juzgamiento. En caso de infracción flagrante que se entenderá tanto si, esta es cometida dentro o fuera de la vivienda de la víctima, el agente de Policía no requerirá de orden alguna para ingresar al inmueble en auxilio de la víctima.

Art. 26.- Incumplimiento de las medidas de amparo.- El incumplimiento de las medidas de amparo por parte del agresor, o de cualquier otra persona, será considerada infracción punible y pesquisable de oficio, y dará lugar a que la autoridad remita el expediente al Ministerio Público conforme a sus atribuciones, para los efectos señalados en la

CAPITULO II

PROCEDIMIENTO ESPECIAL JUZGAMIENTO ANTE LOS JUECES DE FAMILIA

Art. 27.- Contenido de la solicitud o demanda.- La solicitud o demanda deberá contener lo siguiente: 1.- La designación de la autoridad ante quien se la propone.

2.- Los nombres completos, edad, estado civil y profesión del actor y los nombres completos del demandado.

3.- Los fundamentos de hecho y de derecho expuestos con claridad y precisión.

4.- La gravedad de los hechos y los efectos en la víctima y terceros.

5.- Los daños materiales.

6.- La cosa cantidad o hecho que se exige.

7.- La determinación de la cuantía.

8.- La designación del lugar en que debe citarse al demandado, y la del lugar donde debe notificarse al actor. Para los casos en que ésta sea presentada en forma verbal, la autoridad dispondrá de oficio que se la reduzca a escrito.

Art. 28.- Citación.- La citación deberá ser realizada por el/la Secretaria/a, o cualquier funcionario que la autoridad designe, debiéndose adjuntar copia de la solicitud o demanda y de la respectiva providencia.

Art. 29.- Audiencia de conciliación.- La audiencia de conciliación tendrá la finalidad de buscar acuerdos legales entre las partes, sin afectar los derechos de ninguna de ellas.

Art. 30.- Aspectos de la audiencia.- En la ejecución del acto procesal de la audiencia de conciliación, la autoridad tomará en cuenta los siguientes aspectos:

1.- Las partes involucradas intervendrán directa y personalmente en el conflicto, sin perjuicio de la presencia de los abogados. 2.- Los acuerdos a los que lleguen las panes si lo solicitan, únicamente serán respecto a: 1. Alimentos.

2. Tenencia y visita de los hijos.

3. Situación de los bienes.

4. Reparación de daños materiales.

5. Utilización de herramientas de trabajo de uso común.

6. Indemnización de la víctima.

Art. 31.- Antes, durante y después de la audiencia de conciliación la autoridad dará a la víctima el máximo de seguridad para evitar nuevas agresiones y velará porque los acuerdos sean justos y no vulneren los derechos de las víctimas. Los acuerdos serán por voluntad de las partes. Si la víctima experimenta miedo o coacción de cualquier clase, se deberá suspender o poner fin a la diligencia, la misma que se realizará dentro de un período de hasta 5 días laborables inmediatamente posteriores.

Art. 32.- Pruebas.- Durante el término previsto en el Art. 21 de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia serán aplicables las disposiciones relativas a la prueba y al peritaje contenidas en los códigos procesales. A petición de parte o de oficio el Juez ordenará la práctica de las pruebas necesarias conducentes al mejor esclarecimiento de los hechos.

Art. 33.- Pago de indemnización.- Para el pago de la indemnización prevista en el Art. 22 de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, la autoridad determinará un plazo perentorio. En caso de incumplimiento, se aplicarán las medidas de apremio con arreglo al Código de Procedimiento Civil, para lo cual se asegurará que su resolución cumpla con las condiciones para que la obligación sea ejecutiva.

Art. 34.- Trabajo comunitario.- Para aquellos casos en que, debido a la carencia de recursos económicos del sancionado, la autoridad hubiere dispuesto la realización de trabajo en las redes de apoyo comunitario, se considerarán como tales, aquellos servicios y actividades que procuren bienestar a la comunidad, por ejemplo, limpieza de instituciones públicas o privadas, parques, plazas, etc. Para el cumplimiento de esta sanción, la autoridad oficiará al representante de la institución beneficiaría, haciendo constar el tiempo en que el agresor deberá cumplir el castigo. La institución beneficiaría, a su vez, emitirá un informe en el plazo señalado por la autoridad que la impuso.

Art. 35.- Seguimiento.- En aquellos casos en los que, por su complejidad y/o nivel de riesgo ameriten seguimiento de la ruta de la víctima, la autoridad dispondrá su realización apoyándose en instituciones públicas preferentemente gobiernos locales, y subsidiariamente se acudirá ante los organismos privados. En ambos casos se deberá emitir un informe en el plazo señalado por la autoridad.

Art. 36.- Fijación de pensiones de subsistencias.- Si se aplicaren las medidas de amparo previstas en los numerales 2 y 3 del Art. 13 de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, el Juez fijará la pensión correspondiente que, mientras dure la medida de amparo, deberá satisfacer el agresor, tomándose en cuenta las necesidades de subsistencia de las personas perjudicadas por la agresión. Estas pensiones serán consignadas ante la autoridad competente, o depositadas en una cuenta corriente o de ahorros de la víctima, los cinco primeros días de cada mes. En caso de incumplimiento la autoridad que dictó la medida ordenará su cobro mediante apremio real.

TITULO III

DISPOSICIÓN GENERAL

Las políticas, acciones, planes y programas, tendientes a prevenir y erradicar la violencia contra la mujer y la familia, serán ejecutadas por el Consejo Nacional de las Mujeres - CONAMU-, en coordinación con la Dirección Nacional de Género, del Ministerio de Gobierno.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

De conformidad con lo estipulado en la Ley s/n reformatoria a la Ley Orgánica de la Función Judicial, publicada en el Registro Oficial 145 de 4 de septiembre de 1997, que incorpora al Título I, como Sección 11ª la creación de los Juzgados de Familia con el título "De los Jueces de la Familia" y mientras no sean nombrados dichos jueces, competen a las autoridades determinadas para la aplicación de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, dictar pensiones de subsistencia, de acuerdo con el Art. 72.6 de la mencionada ley reformatoria.

DISPOSICIÓN FINAL.- El presente decreto ejecutivo entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. Dado en Quito, en el Palacio Nacional, a 18 de agosto del 2004.

f.) Lucio Gutiérrez Borbúa, Presidente Constitucional de la República.

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

f.) Dr. Guillermo H. Astudillo Ibarra. Subsecretario General de la Administración Pública.

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